
Durante décadas, Nintendo ha sido uno de los estudios más férreos en la defensa de sus propiedades intelectuales. Desde tiempos de la NES hasta la actualidad con la Nintendo Switch, la compañía japonesa ha librado una guerra persistente contra la emulación, el pirateo y cualquier intento de reproducción no autorizada de sus títulos. Sin embargo, ha sido en la era moderna, especialmente desde 2017, cuando esta batalla alcanzó niveles inéditos de visibilidad e intensidad.
Un conflicto con historia
La emulación ha existido desde los primeros días de la computación moderna. En los años 90, programas como Nesticle o ZSNES permitían a los usuarios jugar títulos de Nintendo en sus PCs. Lo que comenzó como una curiosidad técnica pronto se transformó en una comunidad global dedicada a preservar videojuegos clásicos. Pero para Nintendo, esta práctica aunque bienintencionada en algunos casos siempre fue vista como una amenaza directa a sus licencias y modelo de negocio.
Ya en los años 2000, la gran N comenzó a enviar cartas de cese y desistimiento a sitios como EmuParadise o LoveROMs, alegando infracción a los derechos de autor. Y aunque muchos de estos portales desaparecieron, otros siguieron creciendo bajo diferentes nombres o jurisdicciones.

El caso Switch: el punto de quiebre
Con la llegada de la Nintendo Switch en 2017, el enfoque de la compañía se intensificó. A pesar de ser una consola híbrida innovadora, su arquitectura relativamente accesible y el uso de tecnología común como NVIDIA Tegra X1, facilitaron el desarrollo de emuladores como Yuzu o Ryujinx, los cuales, en poco tiempo, lograron correr títulos recientes con un nivel de fidelidad sorprendente.
Esto no pasó desapercibido. En marzo de 2024, Nintendo demandó a Tropic Haze, creadores de Yuzu, por facilitar la piratería de títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que incluso se filtró y corrió en emuladores días antes de su lanzamiento oficial. El resultado fue demoledor: un acuerdo legal que obligó a los desarrolladores a cerrar el proyecto y pagar $2.4 millones a Nintendo.
¿Legítima defensa o exceso de poder?
Las opiniones se dividen. Para algunos, Nintendo simplemente está protegiendo su trabajo, cuidando que sus juegos se vendan de forma oficial y sus ingresos no se vean afectados. Para otros, la empresa actúa con mano excesiva, impidiendo esfuerzos de preservación, accesibilidad o incluso pruebas técnicas.
Cabe resaltar que mientras muchas compañías optan por revalorizar sus títulos con remakes o colecciones digitales, Nintendo ha sido más cautelosa y lenta en su política de retrocompatibilidad. El cierre de las eShops de Wii U y 3DS solo profundizó el debate sobre qué tan accesible es realmente la historia de Nintendo en sus propios sistemas.

¿Qué sigue?
Con la inminente llegada de la sucesora de la Nintendo Switch, se espera que el enfoque antiemulación se mantenga o incluso se intensifique. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la empresa japonesa adopte una postura más flexible, integrando mejor sus catálogos retro en sistemas modernos y facilitando el acceso oficial a sus clásicos.
Lo que está claro es que Nintendo no dejará de proteger lo que considera suyo, aunque en ese camino también se enfrente a desarrolladores, comunidades y defensores de la preservación digital.

El comienzo de la nueva guerra contra la emulación
La guerra de Nintendo contra la emulación es un reflejo del conflicto entre el control empresarial y el deseo comunitario de conservar la historia del videojuego. En tiempos donde la tecnología avanza rápidamente, la forma en la que Nintendo actúe en los próximos años será clave para definir el acceso legal y ético a uno de los catálogos más importantes de la historia del gaming.